Bajo la luz de las velas (La Gomera)

Una transición energética mal concebida y peor gestionada, basada no en criterios técnicos, económicos o ecológicos sino, única y exclusivamente, en criterios políticos e ideológicos, nos está conduciendo de forma inexorable hacia el ‘gran apagón’.

En la técnica, existe una norma de actuación que la prudencia aconseja. Si nos proponemos, por ejemplo, realizar un cambio en el sistema eléctrico establecido con la intención de obtener una mejora (técnica, económica y/o ecológica), debemos conservar, debidamente mantenido y fiable, el sistema antiguo hasta que las pruebas de funcionamiento del nuevo hayan demostrado su viabilidad y el logro de los objetivos propuestos.

Lejos de esto, los Gobiernos de España y de Canarias se han embarcado en una alocada carrera hacia la total descarbonización de la generación de energía eléctrica demonizando, penalizando e, incluso, prohibiendo, expresa o tácitamente, la instalación y/o renovación de grupos térmicos convencionales para la generación de energía eléctrica que son los que, a día de hoy, constituyen la base que garantiza la continuidad del servicio en las islas.

Prueba de ello es que el Ministerio de Transición Ecológica no ha convocado a día de la fecha el procedimiento de concurrencia competitiva para el otorgamiento de la resolución favorable de compatibilidad prevista en la Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctrico insulares y extrapeninsulares, condición necesaria para poder obtener la autorización administrativa de las nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica o de las renovaciones de las existentes, pese que se ha puesto de manifiesto en sucesivos informes anuales de cobertura, por parte del operador del sistema, la existencia de necesidades de potencia térmica gestionable adicional.

La inacción del Ministerio nos ha abocado a que en Canarias, a fecha de hoy y según datos del Plan de Transición Energética de Canarias (PTECAN), cuarenta y siete (47) de los noventa y tres (93) grupos de generación térmica convencional estén obsoletos (el 50,53 %), porcentaje que aumentará hasta el 74,19 % (69 de 93) en el año 2030, lo cual parece ir en contra del propio objeto y espíritu de la mencionada Ley 17/2013 que, según lo dispuesto en su preámbulo, no es otro que reducir la vulnerabilidad asociada a los sistemas insulares y mejorar la seguridad del suministro. Si bien es cierto que las labores de mantenimiento pueden mantener operativos, con una cierta garantía, grupos existentes más allá de su Vida Útil Regulatoria (VUR), normalmente de 25 años, no es menos cierto que dichos equipos entran en periodo de obsolescencia, lo que aumenta el riesgo de averías en cuanto a importancia y frecuencia, superando además dichos grupos los niveles máximos de emisiones permitidas de acuerdo a lo establecido en la Directivas comunitarias. 

Por su parte, debido a la burocracia construida por la Administración Pública canaria (véase el artículo “El reto de la descarburocratización”, publicado en el diario La Provincia, el 30 de abril de 2023), tanto los proyectos de renovables como los relativos a las infraestructuras auxiliares necesarias para su correcto funcionamiento, esto es, sistemas de almacenamiento a pequeña, mediana y gran escala y refuerzo de redes de distribución y transporte (algunas en estado crítico) acumulan años de retraso, todo ello mientras algunos responsables públicos siguen anunciando aún, de forma necia, su completa implantación en unos plazos imposibles cuando ni siquiera aún el Plan de Transición Energética de Canarias (PTECAN) se encuentra aprobado.

Nos encontramos pues en una encrucijada: la potencia de origen renovable que se ha añadido hasta la fecha al sistema eléctrico canario, escasamente 1.000 MW, dado su bajo factor de capacidad y su intermitencia (por no disponer de sistemas de almacenamiento), no es suficiente aún para compensar la pérdida de potencia de generación convencional por desmantelamiento o por su entrada en obsolescencia, amén de introducir otros efectos perniciosos como la pérdida de estabilidad de la frecuencia de la red con el consiguiente riesgo de fallo del sistema, todo ello mientras la demanda de energía eléctrica sigue su camino de aumento inexorable. Esta situación constituye, en sí misma, un riesgo inasumible.

Tal y como se advierte expresamente en el propio PTCAN, “con independencia de que se aspire a buscar soluciones que no estén basadas en el uso de combustibles fósiles, es crítico contar con generadores de categoría A que tengan la condición de gestionables y provean la suficiente inercia al sistema para evitar que se produzcan ceros eléctricos.”

Dentro de la categoría A, según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 738/2015, se incluyen, entre otros, los grupos de generación hidroeléctricos y los térmicos que utilicen como fuentes de energía hidrocarburos y geotermia.

Sin embargo, en Canarias, más allá de los grupos de generación térmica convencional existentes con los que contamos actualmente, de los que ya hemos hablado y que, de momento, no se pueden renovar, y en ausencia de soluciones técnicas alternativas disponibles HOY, tales como centrales de bombeo reversible (Salto de Chira, en fase de obras después de diez años de trámites administrativos), geotermia de alta entalpía (ni está ni se le espera) y sistemas de almacenamiento energético basados en tecnologías del hidrógeno (en muchos casos en fase de investigación y con escasa o nula implantación a escala industrial), teniendo en cuenta además la proscripción irracional del gas que desde las administraciones públicas canarias se ha hecho en los últimos tiempos, no contamos con nuevas instalaciones de generación de estas características, y su implantación, de lograrse, no se materializaría en un plazo inferior a 8 años.

En virtud de todo lo expuesto, como ciudadanos de a pie conviene que nos hagamos las siguientes preguntas: ¿Son realmente conscientes los responsables políticos del actual Gobierno de Canarias de esta situación de vulnerabilidad existente en el sistema eléctrico canario? ¿Conocen la normativa en vigor relativa al sector eléctrico? ¿Cuenta actualmente el Gobierno de Canarias con el liderazgo político y con personas cualificadas capaces de impulsar el cambio normativo y todas las acciones necesarias para salir de esta encrucijada? ¿Cuánto tiempo transcurrirá hasta que se produzca el siguiente “cero” energético? ¿En qué isla se producirá? ¿Qué consecuencias podría tener si ocurriese en las dos islas más pobladas: Tenerife o Gran Canaria? ¿Asumirán alguna responsabilidad o, como en el caso de La Gomera, descargarán la misma en otros agentes?

Esperamos una pronta respuesta a estas y otras cuestiones. De lo contrario, pasaremos alguna temporada, como en La Gomera, bajo la luz de las velas.