Transicionar al vehículo eléctrico: un complejo mapa de problemas, varias cosas por corregir y una gran oportunidad

Revolucionar un sistema consolidado y cambiar un concepto ya establecido siempre resulta una tarea difícil, lo que no cambia que muchas veces dependa de ello el futuro de una empresa, de la industria de un país o, incluso, el futuro del planeta. La transición hacia el vehículo de cero emisiones  es uno de ellos, y está sucediendo ante nuestros ojos. En este caso, ya hay un marco temporal definido, dado que la comisión aprobó el cese de ventas de vehículos con motor de combustión a partir del año 2035. Ahora cabe hacerse la pregunta: ¿Cómo se afronta este reto?

¿Cómo acelerar la implementación del vehículo eléctrico?

Lo primero es entender cuál es la raíz de los distintos problemas afrontados en la electrificación del parque automovilístico, dado que hay que intentar desmontar dichos problemas como si de matrioshkas (muñecas rusas) se tratara. Hay que comprender que muchos de ellos están entrelazados, y como si se tratará de una compleja maquinaria, hay que conseguir que todas las partes se muevan de manera adecuada para avanzar en este proceso.

Dicho esto, centrémonos en las dos principales barreras que a día de hoy existen, y cuyo derribo aceleraría considerablemente esta transición: el precio del vehículo eléctrico y la infraestructura de recarga.

La clave del precio: actualizar la fiscalidad

A la espera de que aparezcan en el mercado opciones más asequibles, los coches eléctricos siguen requiriendo por parte del comprador un desembolso inicial notablemente mayor en comparación con los vehículos de combustión. Es verdad que este es más fácil de acometer para los ciudadanos de países con rentas más altas; sin embargo, si nos fijamos en nuestros vecinos portugueses, en donde el PIB es más bajo, podremos ver que el porcentaje de matriculaciones de vehículos eléctricos dobla al de España.

La clave reside en la fiscalidad, y muestra claramente cómo esta puede condicionar el mercado. Muchas de las medidas allí implementadas están dirigidas a las flotas corporativas, ya que las empresas disponen del músculo financiero necesario para afrontar el pago inicial. Al ser el coste total de la propiedad favorable al vehículo eléctrico y disponiendo de una fiscalidad ventajosa para los que elijan esa opción, no es de extrañar que cada vez más empresas portuguesas se decanten por coches de cero emisiones.

Asimismo, los vehículos de empresa apenas permanecen de media 4 años con su primer usuario, al cabo de los cuales acaban en el mercado de ocasión, donde se pueden adquirir a un precio más bajo, dando así la posibilidad de adquirir un vehículo de cero emisiones a una mayor parte de la población.

Por desgracia, España dispone de una normativa fiscal obsoleta, la cual, en muchos casos, no premia de modo alguno la elección de un vehículo menos contaminante, ni penaliza lo contrario. Por poner un ejemplo, la normativa del impuesto de matriculación y los valores de emisiones que definen su cuantía datan del año 2007. Dicho de otra manera, esa regulación tiene 16 años, más o menos la edad media de los vehículos en España. Así pues, no esperemos un parque automovilístico moderno sin una fiscalidad acorde a los tiempos que corren.

Apostar por el desarrollo de la infraestructura de recarga desde la regulación

Pero hay que ser honestos con uno mismo: nadie estaría entusiasmado en desembolsar su dinero en algo que resulte más problemático a la hora de usarlo. Lo cual nos lleva al segundo punto: la infraestructura de recarga. Todos estarán de acuerdo en que el confort de conducción de los vehículos eléctricos superan ampliamente a los de combustión; no obstante el confort general de uso de estos coches depende en la actualidad de la disponibilidad de puntos de recarga en la zona (o a lo largo de la ruta) donde se va a circular.

Hace apenas unas semanas se aprobó el Reglamento Europeo para la Infraestructura de Combustibles Alternativos (AFIR), lo cual, sumado a las recientes medidas aprobadas por el Gobierno dirigidas a agilizar el proceso de despliegue de puntos de carga, supondrá sin duda un avance para el desarrollo de la infraestructura.

Pero estaríamos equivocados si pensáramos que con esto se solucionan todos los problemas. A día de hoy sigue siendo necesario un plan a nivel nacional (a semejanza de lo que ha hecho Alemania) para afrontar este reto, teniendo también en cuenta la situación demográfica, la extensión y la orografía de España.

Y no menos importante: no hay que estancarse una vez aprobada una legislación o normativa, ya que su implementación es igual de importante.