El impacto del cierre nuclear en España

La energía nuclear se ha posicionado como uno de los pilares de las políticas energéticas a nivel internacional debido a su capacidad para proporcionar un suministro eléctrico fiable y dar estabilidad a la red eléctrica, a un coste competitivo y libre de emisiones de carbono. En un contexto global donde países como Francia, Estados Unidos, China y el Reino Unido están apostando por prolongar la operación de sus reactores nucleares, e incluso por el desarrollo de nuevos reactores, España va a contracorriente, manteniendo el calendario de cierre progresivo de los siete reactores nucleares actualmente en operación, que comenzará en 2027 concluyendo en 2035.

La decisión de cierre se tomó en 2019, a través de un acuerdo entre los operadores de las centrales nucleares y la empresa pública ENRESA (Protocolo de Cierre). Esta decisión vino motivada principalmente por el incremento de los costes asociados a impuestos y tasas, que derivaron en una complicada situación económica para las centrales nucleares. En concreto, los impuestos y tasas crecieron un 90% desde el año 2010 hasta el año de la firma del Protocolo (2019). Esta circunstancia se ha continuado agravando, con un aumento adicional del 70% hasta el año 2025. Lo anterior ha derivado en que las centrales nucleares españolas, pese a ser eficientes a nivel de costes puramente operativos, estén en serio riesgo de inviabilidad económica, pues actualmente sus costes totales son superiores a las perspectivas futuras del precio de la electricidad.

España cuenta actualmente con 7 reactores nucleares en operación, con una capacidad total instalada de 7.117 MW. Las características de la nuclear convierten a esta tecnología en un pilar clave para asegurar el suministro eléctrico, en la medida en que:

• Aporta firmeza al sistema eléctrico, puesto que presenta una elevada disponibilidad, pudiendo generar a plena carga prácticamente todas las horas del año, a excepción de paradas programadas por recarga o mantenimiento (típicamente se llevan a cabo paradas de 30 días cada 12-18 meses). Esto convierte a la nuclear en la base de la generación del sistema eléctrico español, cubriendo anualmente el 20% de la demanda eléctrica.
• Se trata de una tecnología síncrona lo que aporta robustez al sistema favoreciendo una correcta respuesta a nivel de seguridad ante potenciales incidencias de la red o de otros grupos generadores. La energía nuclear, al igual que la hidráulica y los ciclos combinados, transforma la energía mecánica generada en la rotación de sus turbinas en energía eléctrica de corriente alterna, siendo esenciales para el control de frecuencia y tensión de la red, ya que cuanto mayor sea la generación de estas tecnologías menores serán las perturbaciones en la red ante desvíos momentáneos entre generación y demanda. Este aspecto es fundamental en este contexto reciente donde, a la luz de las primeras informaciones e hipótesis, la disponibilidad de potencia síncrona ha resultado un aspecto clave de debate en relación a los sucesos acontecidos el pasado 28 de abril en el cero eléctrico sufrido en la península. 
• Además, la tecnología nuclear puede considerarse autóctona a efectos prácticos, dada la disponibilidad del combustible (uranio), la alta diversificación de proveedores y a la posibilidad de almacenamiento del recurso. Por lo que reduce la exposición del sistema eléctrico a la volatilidad de los mercados de combustibles fósiles, influenciada por el contexto geopolítico.

El PNIEC, en base a las fechas de cierre pactadas, prevé el cierre de 4 de los 7 reactores en operación en 2030, mientras que plantea ambiciosos objetivos de desarrollo de renovables, tanto solar fotovoltaica como eólica. Si bien estos objetivos pueden ser alcanzables dado el ritmo de desarrollo de renovables en España durante los últimos años (especialmente de solar fotovoltaica), un despliegue a tan alta escala de renovables debe ir acompañado de un desarrollo similar tanto de la red como del almacenamiento energético, sin lo cual no sería posible una integración adecuada y segura de las renovables.

Esto supone un hándicap notable, dadas las barreras administrativas, económicas y ambientales existentes que condicionan el desarrollo tanto de la red como del almacenamiento. Con respecto a este último punto, el PNIEC proyecta para el año 2030 el desarrollo de hasta los 22,5 GW de almacenamiento entre baterías y bombeo (actualmente existen en operación en torno a 3 GW de bombeo). Las dificultades anteriormente mencionadas, unidas a la falta de un marco regulatorio que permita la viabilidad económica de estas tecnologías, ha derivado en una ralentización de su desarrollo que dificulta alcanzar los objetivos planteados en el PNIEC, necesarios para acompañar el desarrollo renovable.

Además, cabe destacar que la Península Ibérica es una “isla energética”, contando únicamente con un 2% de capacidad de interconexión respecto a su capacidad de generación instalada, valor inferior a los objetivos establecidos por la UE de 10% para 2025 y 15% para 2030. Si bien se prevé aumentar las interconexiones con Francia, esta capacidad de intercambiar electricidad seguirá estando por debajo de los niveles recomendados dada la situación geográfica de la península, limitando la integración del sistema eléctrico peninsular con el europeo y, por lo tanto, su robustez y mallado con el resto de la red eléctrica europea.

En este contexto, la pérdida de generación nuclear expondrá al sistema eléctrico a riesgos en el suministro eléctrico, lo que derivará inevitablemente en un aumento de la producción de electricidad con ciclos combinados para suplir la firmeza que aporta la nuclear, lo que aumentará las emisiones del mix eléctrico y aumentará el precio del mercado eléctrico, al ser tecnologías con un coste de operación muy superior y dependiente del precio del gas natural y del CO2.

Se estima que, de mantener las centrales nucleares en operación, el precio medio del mercado eléctrico se reduciría en 13 €/MWh en condiciones de mercado “habituales”, valor que podría ascender hasta los 30 €/MWh en condiciones de mercado menos favorables. Por último, el cierre nuclear también tendrá un impacto notorio a nivel socioeconómico, debido al peso específico del sector nuclear en empleo y aportación al PIB, especialmente en aquellas regiones dónde se encuentran ubicados los reactores nucleares, así como el impacto en el tejido industrial y empresarial. Sin ellas, la competitividad y el crecimiento industrial se verán amenazados, mientras se intenta equilibrar la demanda creciente con fuentes de energía más caras y menos sostenibles.

Considerando estos impactos, es razonable pensar que debe abrirse una ventana de reflexión sobre la conveniencia de mantener el calendario de cierre nuclear tanto por parte de la administración y grupos políticos como de la sociedad, que será la principal perjudicada en última instancia. Sin embargo, una prolongación de la operación de las centrales no será posible bajo las condiciones impositivas que actualmente soportan las centrales nucleares, por lo que es necesario un diálogo entre las administraciones y los operadores, que permita encontrar la mejor solución para todos los implicados. Cabe desatacar que la energía nuclear es actualmente la única tecnología capaz de proporcionar electricidad de forma estable y continúa, aportando estabilidad a la frecuencia de la red eléctrica y siendo una fuente de energía libre de emisiones de CO2.

En conclusión, España se enfrenta a un reto mayúsculo ante al cierre del parque nuclear, el cual se acordó en un contexto geopolítico y energético muy distinto al actual, y que puede tener graves consecuencias a nivel energético y económico. Aún estamos a tiempo de encontrar una solución que permita prolongar la operación de las centrales, aunque se debe trabajar a contrarreloj, dado que una vez que cierre Almaraz en 2027, el cierre del resto de centrales será prácticamente inevitable.