Política de Derechos Humanos

El 16 de junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó los “Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos”, los cuales señalan que los derechos otorgados por la Carta Internacional de Derechos Humanos son muy importantes para las empresas –la no discriminación, los derechos de los pueblos indígenas, la abolición del trabajo infantil, etc.- El respeto de estos derechos debe ser una responsabilidad primordial de las compañías.

En particular, la interpretación de esta responsabilidad manifestada en los Principios Rectores adopta un enfoque que va más allá de los límites “legales” de la compañía e incluye a todo el sector: una compañía puede estar involucrada en casos de abusos de los Derechos Humanos no sólo por su actividad directa, sino por no respetarlos de manera indirecta.

El 5 de febrero de 2013, Enel adoptó el enfoque establecido por las Naciones Unidas en el marco de “proteger, respetar y remediar” a través de la aprobación, por parte del Consejo de Administración, de una política dedicada al respeto de los Derechos Humanos, que fortalece y extiende el compromiso ya establecido en el Código Ético, el Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción y el Programa de Cumplimiento 231.

En Endesa acogemos los principios y compromisos desarrollados en la Política de Derechos Humanos del Grupo Enel: nuestra política fue aprobada por el Consejo de Administración de Endesa S.A. el 24 de junio de 2013 y actualizada en mayo de 2020.

El contenidos de esta política viene marcado por un proceso de consultas multi-stakeholder durante seis meses en el que participaron diferentes áreas de la compañía –RSC, Recursos Humanos, Legal, Compras, Auditoría, Gestión de Riesgos, etc.- e importantes expertos internacionales. 

La política identifica ocho principios que los empleados y las filiales deben cumplir dentro de dos grandes ámbitos: prácticas laborales y comunidades y sociedades.

Además, dentro de este compromiso formal, promovemos el respeto de estos derechos entre sus contratistas, proveedores y socios comerciales.

De acuerdo a lo requerido por los Principios Rectores, se desarrollarán procesos de debida diligencia, tales como, por ejemplo, la Evaluación del Cumplimiento de los Derechos Humanos (HRCA, por sus siglas en inglés) en todos los países en los que operamos, la integración de métricas sociales, ambientales y de buen gobierno en los procedimientos de gestión de riesgos y la definición de un método para evaluar el impacto social de los proyectos industriales.

En Endesa disponemos de un canal específico en el que los grupos de interés –internos y externos–, pueden comunicar cuándo se ha incumplido esa política. También disponemos de un proceso para gestionar reclamaciones, en línea con el Código Ético.

Para garantizar la implantación y seguimiento de la política de Derechos Humanos y para aplicar los compromisos recogidos en la misma, y siguiendo las recomendaciones de los principios rectores, desarrollamos en 2017 un proceso de Debida Diligencia. La implementación de las acciones incluidas en el plan de acción resultante del análisis, se completó con éxito en los años posteriores hasta llegar a un 100% de cumplimiento en 2019. Este plan es supervisado con periodicidad anual por nuestro Consejo de Administración.

En el año 2020 hemos repetido el proceso de Debida Diligencia en Derechos Humanos cuyo resultado ha sido un plan de acción con seis acciones para llevar a cabo en los tres años sucesivos.

La metodología de la Debida Diligencia que realizamos revisa de forma exhaustiva el ajuste de las actividades que realizamos por un lado respecto a los principios rectores que nos afectan como empresa y por otro lado respecto a los ocho principios de la política de Derechos Humanos de Endesa y cubre a todas las actividades de la compañía y a todos sus grupos de interés, incluyendo, por tanto, a nuestros empleados haciendo un foco en asociaciones sindicales, las mujeres, los trabajadores migrantes, los menores de edad y las personas con discapacidad y lo hacemos extensible a nuestra cadena de valor analizando también a nuestros proveedores y contratistas y a las comunidades locales de nuestros ámbitos de operación. Debido a la relevancia general de este grupo de interés, en el punto de partida del análisis de la debida diligencia incluimos también a las comunidades indígenas, pero dado el ámbito de operación de la empresa en el análisis previo se identificó que este tema tiene una materialidad menor por lo que no tiene un tratamiento individualizado en la debida diligencia.