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Una pátina de realidad sobre las infraestructuras de recarga del vehículo eléctrico
La movilidad eléctrica reduce el ruido, las emisiones de CO2 y otras partículas contaminantes del transporte rodado. Además, es capaz de interactuar con el sistema eléctrico. Su despliegue avanza, pero el mapa de puntos de recarga públicos para coches eléctricos podría ser mayor si se eliminaran las barreras existentes relacionadas con la concesión de licencias y permisos y con la falta de profesionales cualificados para su instalación.
Por Arturo Pérez de Lucia
Pocos dudan ya de que la movilidad eléctrica está llamada a jugar un papel clave en el presente y futuro de la automoción y de la movilidad rodada en España, en el resto de Europa y en gran parte del mundo.
Vivimos una revolución industrial, tecnológica y de servicios en la movilidad y en la automoción, enfocada hacia el vehículo eléctrico, conectado, compartido, digitalizado y autónomo que supondrá una transformación en el tráfico rodado como no había sucedido desde hace más de 120 años, cuando la llegada de los motores de ciclo Otto relegaron al ostracismo, en algo más de una década, al parque de carruajes tirados por caballos.
Sin embargo, el vehículo eléctrico sigue siendo un mercado disruptivo, no tanto desde el punto de vista tecnológico, que poco más ha variado conceptualmente desde finales del siglo XIX -cuando se fabricaban coches alimentados con baterías y que se recargaban en instalaciones a las que se conectaban por medio de un cable-, sino como social o psicológico, en lo que supone una transformación profunda de los modos de transporte rodado de personas y mercancías.
El vehículo eléctrico cubre dos aspectos clave en el mundo en que vivimos. Uno es el medioambiental, pues, al ser cero emisiones en la propulsión y alimentarse de energías procedentes de fuentes renovables, se entiende como un aliado en el objetivo hacia una mayor sostenibilidad ligada a la reducción de emisiones de CO2 y, sobre todo, de partículas contaminantes y de ruido, en especial en entornos urbanos.
El otro es el energético, pues se trata del único sistema de propulsión capaz de interactuar con el sistema eléctrico para ayudar a equilibrar su curva de demanda, impulsar las energías renovables, la generación distribuida y el almacenamiento energético, tres claves de la eficiencia energética en un mundo hacia el que vamos, con cada vez mayor reclamo de servicios basados en la electricidad.
Esto cobra especial sentido en un escenario geopolítico complejo como el que vivimos -más enturbiado si cabe por el conflicto en Ucrania, que evidencia la necesidad, para un país como España, de prescindir lo máximo posible de las importaciones de crudo y gas por parte de terceros países, porque somos un territorio en el que recursos autóctonos como el sol, el viento y el agua pueden suministrar la materia prima necesaria para alimentar las baterías de los vehículos eléctricos.
España es un país industrial en la automoción basada en la combustión, donde ocupa puestos de liderazgo en Europa y en el mundo, razón por la que la transformación de los vehículos que se fabrican hacia la electrificación supone un factor añadido de dificultad, con el fin de conseguir mantener la competitividad y el empleo en un sector que supone más del 10% del PIB.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que los propios fabricantes ya han hecho sus planes para poner fin a la fabricación de vehículos de combustión, incluso a 2026 algunos, a 2030 otros y la práctica totalidad a 2035, mientras que los hay que ya solo producen únicamente vehículos eléctricos.
También desde la perspectiva industrial, las infraestructuras de recarga cuentan en España con importantes empresas que fabrican toda clase de puntos de recarga para el mercado nacional y exteriores.
De hecho, la cuota de mercado de estos fabricantes se eleva al 20% en Europa y con crecimientos anuales en ratios del 50%, siendo empresas muy internacionalizadas, con bases operativas principalmente en Europa y Estados Unidos, y un referente en equipos para la recarga en alta potencia.
Además, ofrecen un liderazgo tecnológico e industrial en sectores convergentes como el de las energías renovables y el almacenamiento energético y suman cifras de 300 millones de euros de facturación (el 75% exportaciones a Europa y Estados Unidos), según datos de 2022 extraídos del Anuario de la Movilidad Eléctrica 2022-2023 de AEDIVE, Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica.
Uno de los mayores argumentos que se esgrimen para denostar la llegada del vehículo eléctrico es la falta de infraestructuras de recarga de acceso público.
En este sentido, cabe señalar que España cuenta actualmente con un despliegue razonable de este tipo de infraestructuras de recarga operativas, que podría incrementarse de forma inmediata en un 34% con las instalaciones aún sin energizar por las barreras ligadas, principalmente, a la concesión de licencias y permisos por parte de las administraciones públicas.
El Gobierno ya trabaja, merced al grupo que puso en marcha en 2022 de la mano de la Secretaría de Estado de Energía, para buscar en colaboración con el ecosistema empresarial soluciones que aceleren este proceso.
En cualquier caso y siendo los operadores de recarga (CPOs), integrados en AEDIVE, los que llevan a cabo el despliegue de este tipo de infraestructuras, ya se estableció un escenario base del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) con 3,5 millones de turismos 100% eléctricos, por el cual, y si se resuelven las barreras que hoy en día lastran su despliegue, se plantean las siguientes horquillas en el desarrollo de la red de carga pública en España:
- Hasta 70.000 PRPVEs (puntos de recarga públicos para vehículo eléctrico) en 2025.
- Hasta 255.000 PRPVEs en 2030.
En un escenario de fuerte impulso a la electrificación de la movilidad eléctrica, con 5 millones de turismos 100% eléctricos a 2030, la cifra objetivo ascendería hasta los 340.000 PRPVEs (puntos de recarga públicos para vehículo eléctrico) en 2030.
Para ello, los CPOs prevén inversiones de más de 3.000 millones de euros a 2030 para dicho despliegue.
Otros retos ligados a los puntos de recarga son los que atañen a la perentoria necesidad de disponer de más profesionales instaladores, un sector que se ve desbordado por el ingente volumen de proyectos no solo ligados al vehículo eléctrico, sino también a las energías renovables.
Como botón de muestra, las empresas instaladoras en Cataluña ya han anunciado que requieren de 18.000 técnicos de manera inmediata para atender la demanda actual y, para el año 2050, se demandarán 160.000 trabajadores en el sector de las instalaciones técnicas tan solo en esa comunidad autónoma.
En Valencia también se ha hecho evidente la falta de profesionales instaladores y el sector de las renovables (eólica y fotovoltaica) busca contrarreloj a 2.500 trabajadores tan solo para los parques ya aprobados.
Es por ello preciso acelerar el proceso formativo de profesionales en este sector, ya que la velocidad en la implementación de las infraestructuras de recarga vendrá dada no solo por la superación de barreras administrativas, sino también por la falta de profesionales capaces de acometer tales instalaciones con los criterios de seguridad y eficiencia requeridos.
Visto en positivo, la movilidad eléctrica avanza en un rumbo constante que augura un crecimiento importante en la competitividad y el empleo, y en la transformación de un parque rodado que proporcionará una solución eficiente a los problemas de calidad del aire mediante la adecuada gestión de los procesos de carga y descarga que favorecerán la implantación de energías renovables, evitará vertidos y reducirá las emisiones de carbono.