La urgencia de inversiones en infraestructuras eléctricas

La transición energética, motivada, entre otras cosas, por la urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, implica la electrificación de la economía de nuestra sociedad. La energía eléctrica es uno de los vectores que nos permiten integrar y almacenar fuentes energéticas renovables y de bajas emisiones de una forma sostenible, con inversiones asumibles y con periodos de ejecución razonables.

De hecho, ya estamos en una fase de electrificación muy destacada de nuestra sociedad. El apagón del mes de abril de 2025 puso de relieve la dependencia de la sociedad respecto de la electricidad. Durante las primeras 24 horas se vivieron unas incertezas y crisis difícilmente imaginables hace pocos años.

Pero la realidad es que tenemos que incrementar aún más la electrificación: la movilidad eléctrica, mediante vehículos y por ferrocarril; las instalaciones industriales y las agrícolas, los procesos térmicos de baja y media temperatura vinculados a la climatización de viviendas, de edificios y de la propia industria, así como la digitalización de la vida cotidiana, requerirán del desarrollo y de la optimización de las infraestructuras energéticas eléctricas.

Por otra parte, los modelos de generación han cambiado. Hemos evolucionado de una generación centralizada basada en gran parte en combustibles fósiles a un modelo de generación renovable muy distribuida en el territorio. El desarrollo del autoconsumo fotovoltaico en residencias, edificios de servicios y en las propias pymes ha incrementado aún más este modelo energético distribuido.

Dicho modelo sigue avanzando con la posibilidad de compartir la electricidad generada, creando comunidades energéticas en una simbiosis energética entre poblaciones, así como entre las actividades productivas ubicadas en los polígonos industriales.

Los modelos actuales de transporte y distribución que se planificaron hacia mediados del siglo pasado fueron suficientes, durante décadas, para el ritmo de crecimiento y las infraestructuras necesarias y ejecutadas. Ponemos como ejemplo la planificación energética vinculada al plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica que se realiza cada 5 años. Estos periodos y modelos de planificación necesitan evolucionar. Por una parte, podemos afirmar que los desarrollos tecnológicos avanzan, en lenguaje coloquial, a la “velocidad de la luz”. Es necesario ajustar los periodos de planificación a calendarios mucho más ágiles. Por otra parte, estamos ante redes de transporte y distribución en las cuales la generación y los consumos se intercambian a muy alta velocidad y en que se producen múltiples fenómenos aleatorios transitorios, que en muchos casos son muy difíciles de predecir. Esta realidad implica la necesidad de desarrollar nuevas redes de transporte y de distribución, siempre priorizando la optimización de las redes existentes. Para ello deberán incrementarse los sistemas de gestión basados en la digitalización y el análisis de datos.

Todas las actividades económicas y sociales necesitan disponer de electricidad, de nuevos suministros, así como incrementar los consumos de electricidad, de preferencia 100% renovable, pero siempre garantizando la continuidad, la calidad del suministro y la competitividad del coste energético asociado. Estamos en un proceso de transición, en el que se tendrán que acoplar tecnologías ya existentes con nuevos modelos de generación renovable y de almacenamiento energético. Las centrales reversibles, las baterías físicas y la gestión de los propios consumidores a partir de la flexibilidad de la demanda serán prioritarias.

Pero no olvidemos que estamos hablando de grandes infraestructuras energéticas eléctricas que requerirán de un grado diseño y de un cálculo vinculado a la formación propia de los perfiles académicos de ingenierías, de analistas de datos y de técnicos ambientales y de comunicación social. Lamentablemente, hoy en día no es fácil disponer de estos perfiles técnicos, como ha demostrado Pimec en varios estudios. Tenemos un gran déficit de técnicos cualificados y de grados formativos en los ámbitos señalados.

También hay que garantizar la amortización de dichas infraestructuras; de todas ellas, tanto las de generación como las de transporte y distribución. Sin el marco retributivo adecuado y la suficiente seguridad jurídica no creemos que se puedan desarrollar con la suficiente rapidez. Será necesario valorar las nuevas señales del mercado eléctrico, de forma que sean lo suficientemente atractivas para promover la eficiencia y la gestión energética, y potenciar los mecanismos de gestión de la demanda. En el caso de las pymes y de la gran mayoría de consumidores es imprescindible una simplificación administrativa en las autorizaciones del sector. La realidad actual es que una pyme, a modo de ejemplo, puede tardar entre 4 y 6 meses en realizar las gestiones administrativas necesarias para una ampliación de potencia o disponer de un nuevo punto de suministro. 

No debemos olvidar que será imprescindible la concienciación de la sociedad. Necesitamos infraestructuras de generación, transporte y distribución, que, no podemos negarlo, tienen un impacto paisajístico que debemos minimizar pero que no podremos evitar en su totalidad. Sin olvidar que los impactos que estamos teniendo, vinculados al cambio climático, están siendo y seguirán siendo mucho más graves.

Por todo esto, es imprescindible que las políticas energéticas sean políticas de Estado, basadas en el consenso técnico y social, con la participación de los representantes empresariales, con datos contrastados y siempre compartiendo las alternativas y posibles soluciones con todos los participantes. Pero no deberían ser actuaciones políticas o de partido, que tienen la volatibilidad electoral y con demasiada frecuencia están vinculadas a ideologías de partido no siempre en el ámbito energético, que muchas veces están confrontadas en otros ámbitos y que han demostrado que impiden el desarrollo de políticas que aceleren la transición energética. Estas políticas de Estado son indispensables para garantizar la capacidad, continuidad y calidad del sistema eléctrico, el acceso en igualdad de condiciones de todos los consumidores y, en definitiva, para promover un sistema sostenible con unos costes energéticos competitivos, deseables para toda la sociedad, para las pymes y todas las actividades económicas. En conclusión, un país sin energía sostenible y sin un coste competitivo tendrá muchas dificultades para desarrollar su economía.