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La manipulación de un contador eléctrico o el enganche directo a la red eléctrica está tipificado como delito de defraudación de energía en el código penal y supone un grave riesgo para la seguridad y la salud de las personas, un mayor riesgo de electrocución, incendio e, incluso, de muerte, tanto para el consumidor de energía como para terceros que vivan en el mismo edificio. También supone un riesgo para los operarios que trabajan en las instalaciones eléctricas, al desconocer la manipulación de la instalación.
Como consecuencia del fraude, en los últimos años hemos asistido a un incremento de incendios en viviendas, naves o garajes que, en ocasiones, han provocado heridos de diversa consideración e, incluso, la pérdida de vidas. Recordaréis el caso de Badalona en enero de 2019 con 3 muertos por un incendio en un bloque de pisos ocasionado por un enganche directo.
La energía defraudada representa un sobrecoste que pagamos todos los consumidores a través de nuestra factura de electricidad. Además, tiene un impacto considerable en la recaudación de impuestos como el IVA y, cuando se realiza por actividades económicas, puede representar una fuente de competencia desleal ya que el defraudador ve reducidos sus costes energéticos y por consiguiente es capaz de ofrecer sus productos a precios más bajos.
En los últimos años hemos detectado una profesionalización del fraude eléctrico que se agrava especialmente por la proliferación de plantas ilegales de cultivo de marihuana.
La implantación geográfica de las plantaciones de marihuana se concentra en áreas de e-distribución. Por cuestiones climáticas, los primeros cultivos proliferaron en el arco mediterráneo, y una vez asentadas los grupos delictivos organizados se han reconvertido a cultivos en interior. En muchas ocasiones, se asientan en zonas con altos niveles de exclusión social que facilitan la actividad de estos grupos, hipotecando el futuro de estos entornos en el medio y largo plazo, aunque cada vez son más habituales las plantaciones ilegales en zonas residenciales y rurales.
Para que tengáis un orden de magnitud, en España, la estimación del consumo de las plantaciones de marihuana asciende a 1,5 TWh, equivalente al consumo de una ciudad del tamaño de Palma de Mallorca en un año.
En los 3 últimos años ha habido una proliferación de bandas organizadas y un peligroso cambio de conducta de los traficantes dispuestos al uso de armas para proteger las plantaciones tanto de la Policía como de otras bandas, con el consecuente riesgo de seguridad para el entorno en el que desarrollan la actividad, para nuestros inspectores y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los que nos coordinamos para actuar en dichas ubicaciones.
En e-distribución venimos aplicando las best practices existentes para la detección del fraude basadas en cuatro pilares principales:
E-distribución está poniendo todo de su parte en la lucha contra esta problemática social que nos afecta a todos. No obstante, los nuevos fraudes y su reincidencia aumentan cada día y necesitamos una participación activa de todos los agentes implicados. Por ejemplo, facilitando un marco legal menos permisivo para este tipo de actividades, en la línea con el existente en los países de nuestro entorno, o promoviendo medidas de integración social en las zonas más afectadas.
En e-distribución tenemos operativos varios canales de comunicación para realizar denuncias anónimas de fraude eléctrico o irregularidades en instalaciones conectadas a nuestra red: