Desmontando las falacias usadas para justificar el cierre nuclear en España
En los últimos años, el movimiento antinuclear, de índole política, económica y supuestamente ecologista ha promovido una serie de argumentos que buscan justificar el cierre de las centrales nucleares en España. Estos argumentos, repetidos hasta la saciedad por políticos, periodistas, ecologistas, promotores de otras energías y creadores de opinión, son falaces y están basados en datos falsos o medias verdades. Analizaremos los cinco argumentos falaces más frecuentes y explicaremos por qué la energía nuclear sigue siendo vital para el país.
Por Alfredo García @OperadorNuclear
«No sabemos qué hacer con los residuos radiactivos»
Uno de los argumentos más frecuentes es que los residuos radiactivos representan un problema sin solución. Una afirmación que ignora los avances significativos que se han realizado en su gestión durante las últimas décadas.
Los residuos de alta actividad, principalmente el combustible usado, son sólidos cerámicos estables, insolubles en agua y que no presentan riesgo de explosión como una bomba atómica (porque es físicamente imposible debido a su bajo enriquecimiento), ni de fundirse como en los accidentes nucleares (por su bajo calor residual).
Estos residuos se almacenan en contenedores blindados de acero y hormigón, materiales que bloquean eficazmente la radiación y que refrigeran el combustible sin necesidad de alimentación eléctrica, lo que garantiza una contención segura y sostenible a largo plazo.
En diciembre de 2004, la Comisión de Industria del Congreso aprobó por unanimidad una resolución que instaba al Gobierno, en colaboración con Enresa (la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos, financiados desde 2006 por las empresas que los generan), a desarrollar los criterios para llevar a cabo una instalación de almacenamiento temporal para el combustible gastado y los residuos de alta actividad en España.
Se trata de solución segura con respaldo científico y utilizada en Japón, Francia, Suiza, Suecia, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Rusia y Países Bajos, donde su almacén, Habog, es la referencia del proyecto español. Tras años de trabas políticas, el proyecto sigue paralizado, lo que alimenta la falsa idea de que no sabemos gestionar los residuos.
Además, existen soluciones a largo plazo como el reciclaje de combustible, que ya se aplica en Francia, o el almacenamiento geológico profundo, a 500 metros bajo tierra, una opción que Finlandia y Suecia están implementando. España, en cambio, ha permitido que el problema sea más político que técnico.
«Las centrales nucleares no son rentables»
Otra falacia común es decir que la energía nuclear no es económicamente viable. La realidad es que los costes de generación de electricidad en una central nuclear son muy competitivos. El problema radica en la carga fiscal impuesta a las nucleares, que en España soportan impuestos abusivos que las desincentivan frente a otras tecnologías.
Un informe de PriceWaterhouse Coopers subraya cómo estos impuestos han creado un «problema artificial», encareciendo la producción de energía nuclear y debilitando su competitividad. Además, en lugar de avanzar en el ATC, el Gobierno ha optado por construir ocho almacenes temporales descentralizados, con un coste adicional de entre 2.000 y 3.500 millones de euros.
Esta carga financiera adicional se ha impuesto de manera unilateral a las empresas propietarias de las centrales, generando una situación de inviabilidad artificial creada desde el ejecutivo. En resumen, el problema de rentabilidad es consecuencia de una política deliberada que ha buscado socavar el sector nuclear para justificar su cierre y forzar el cierre patronal.
«Ninguna empresa quiere construir centrales nucleares en España»
Se dice que ninguna empresa está interesada en invertir en proyectos nucleares en el país. Este argumento ignora el hecho de que las empresas no invierten en proyectos que el propio gobierno ha vetado o dejado claro que no autorizará.
Del mismo modo, el Gobierno de Arabia Saudita podría alegar que ninguna empresa está interesada en construir una destilería de alcohol en su país. En España, el gobierno ha promovido el cierre nuclear como parte de su programa electoral, y el contexto regulador es uno de los más hostiles de Europa.
En otros países donde no existen estas restricciones, como Reino Unido, Polonia o Finlandia, los proyectos nucleares son una realidad tangible y cuentan con apoyo empresarial y estatal.
La construcción de nuevas centrales nucleares es una constante en el ámbito energético global, pero en España, las barreras políticas y normativas desincentivan cualquier interés empresarial en este campo. La falta de inversiones no es por desinterés, sino por el bloqueo institucional a este tipo de proyectos.
«España no tiene uranio y depende del exterior»
Otra falacia recurrente es que España no debería apostar por la energía nuclear debido a que depende del uranio extranjero. En realidad, España posee yacimientos de uranio de calidad en Salamanca, con reservas suficientes para alimentar sus centrales durante varias décadas, como refleja el informe Uranium 2022 de la Agencia de Energía Nuclear (NEA).
Sin embargo, el gobierno prohibió expresamente la minería de uranio al añadir el artículo 10 en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, justo cuando una empresa había solicitado la explotación de un yacimiento en esa región.
La paradoja es evidente: mientras se impulsa la narrativa de dependencia energética, se bloquea la explotación de recursos nacionales que podrían reducir esa misma dependencia. Además, el uranio es fácil de almacenar y menos vulnerable a las fluctuaciones de precio o a tensiones geopolíticas.
Países como Canadá y Australia ya cuentan con grandes reservas y son proveedores confiables. Así, el argumento de la dependencia se construye sobre una prohibición que podría eliminarse si se priorizara el interés energético nacional sobre otros intereses.
«¿Quién va a pagar el alargamiento de vida de las centrales nucleares?»
Este argumento insinúa que el coste de extender la vida útil de las centrales nucleares recaerá sobre el Estado y, por ende, sobre los ciudadanos. La realidad es que las centrales nucleares no necesitan una inversión extraordinaria para seguir operando.
Cada año, en las paradas de recarga, se reemplazan equipos y se modernizan los sistemas de acuerdo con su desgaste, las recomendaciones de los fabricantes y las normativas vigentes. Y todos estos costes son asumidos por las empresas propietarias, como recordó el anterior fragmento del Foro Nuclear, abierto a dialogar ante la política energética que el Gobierno de la Nación defina, publicado el 7 de julio de 2023.
Las centrales nucleares son sometidas a un mantenimiento riguroso y constante, y la extensión de su vida útil solo implica continuar con el ciclo de renovaciones, mejoras y mantenimiento habituales. No existen gastos adicionales a los ya contemplados y asumidos por la industria. Así, la falacia de un supuesto «rescate nuclear» carece de fundamento: las plantas nucleares en España se financian y gestionan sin necesidad de capital público.
Los argumentos antinucleares en España se han construido a partir de mitos y falacias. En definitiva, mentiras que al ser repetidas hasta la saciedad se terminan convirtiendo en verdades para muchas personas mal informadas, como decía el abominable Goebbels.
Sin embargo, la realidad es que la energía nuclear ofrece a España una fuente confiable, económica y limpia de energía, vital para un sistema energético equilibrado y menos dependiente del exterior. Desmantelar este sector no solo sería un error estratégico, sino un suicidio energético.
En un contexto de cambio climático, volatilidad en los precios del gas y tensiones geopolíticas, mantener y fortalecer el parque nuclear es esencial para garantizar la seguridad energética y la estabilidad económica del país, algo que están haciendo la inmensa mayoría de los países avanzados del mundo.
Los mitos que rodean a la energía nuclear deben ser reemplazados por un debate informado y realista, basado en la ciencia, que priorice el interés de las familias y empresas, y garantice el bienestar de las futuras generaciones.