La energía también es una cuestión de derechos

Hablar de pobreza energética es también hablar de salud, de vivienda, de cuidados o de desigualdad. Para muchas familias, el problema aparece cuando no pueden encender la calefacción en invierno o refrescar la casa en verano sin poner en riesgo otros gastos básicos del hogar.

Durante mucho tiempo, se pensó que el alto precio de la energía y el no poder hacer frente al pago de las facturas, eran las causas principales de este problema, sin embargo, se ha visto que el origen del problema es mucho más complejo. La propia Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 recoge este enfoque más amplio, vinculado al bienestar y a la salud.

La experiencia de los programas de Cruz Roja Española, nos muestran que para que se produzca una situación de falta de confort en el hogar, se debe producir una combinación de factores tales como la falta de ingresos del hogar, el estado de la vivienda, la eficiencia energética, el tipo de contrato, los conocimientos sobre energía y derechos, la posibilidad de acceder a ayudas y, cada vez más, la exposición a fenómenos climáticos extremos. Es por ello, que se necesita atajar esta situación desde una mirada interdisciplinar que conecte energía, vivienda, salud, acción social, medio ambiente y participación ciudadana.

Los datos de las familias atendidas por Cruz Roja Española en 2025 reflejan que el 60,2% no podía mantener una temperatura adecuada en invierno y el 54% tampoco podía hacerlo en verano. Esto demuestra que el problema está muy ligado a la calidad de las viviendas: el 56% residía en viviendas construidas antes de 1981 o con una calificación energética insuficiente, el 63% presentaba infiltraciones de aire y el 44% problemas de humedades. En estas condiciones, consumir menos energía no siempre significa estar mejor, en ocasiones significa renunciar al confort. Esta perspectiva es especialmente importante ante la emergencia climática. El calor extremo puede agravar desigualdades y afectar especialmente a personas mayores, familias con menores y quienes viven en viviendas poco adaptadas. La pobreza energética no debe entenderse solo como un problema de invierno, el confort térmico durante todo el año forma parte de la protección de la salud y de una vida digna.

A esto hay que añadirle, la existencia de otro problema mucho menos visible que es la dificultad para ejercer los derechos que ya están reconocidos. El bono social eléctrico es una herramienta fundamental de protección para los hogares que cumplen los requisitos, pero llegar a él no siempre es sencillo. La solicitud exige cumplir determinadas condiciones lo que hace que aparezcan barreras relacionadas con la titularidad del contrato, la documentación, los trámites administrativos o la brecha digital.

De las familias atendidas por la organización en 2025, el 74% de las familias que cumplían los criterios de renta para acceder al bono social no lo estaban percibiendo. Meses después de la intervención, solo el 36% lo había conseguido o estaba en proceso de conseguirlo, es decir, el acompañamiento que se debe dar tiene que ser totalmente personalizado e individualizado en muchos casos. Por ende, las actividades y campañas de información sobre el bono social son importantes, pero el verdadero reto está en el acompañamiento a las familias. Esto implica, que durante la intervención se profundice en conocer la situación concreta de cada hogar, explicar las opciones  a las que pueden acogerse, ayudar en los trámites y ampliar la ayuda cuando se detecten otras situaciones que pueden derivarse del problema energético como una mayor vulnerabilidad social.

Por eso, en Cruz Roja Española a través de la acción voluntariado hacemos una intervención que incluyen los diagnósticos de las viviendas y una formación clara para el participante. Este enfoque también nos ha hecho llegar a la España rural. Atendiendo a familias de pequeños municipios, donde hay mayor falta de servicios sociales y el bono social es un más desconocido.

Por último, en nuestro empeño por llegar a más personas y teniendo en cuenta la situación real de la crisis climática que vivimos, desde la organización se ha hecho hincapié en implicar a todos los ciudadanos en la búsqueda de soluciones a través de la ciencia ciudadana. Cuando las personas participan en la recogida de datos, la comprensión sobre su propia situación energética crece. Dejan de ser únicamente receptoras de una intervención y pasan a contribuir a generar evidencias que luego son trasladas y asumidas por los órganos gestores. En Cruz Roja Española estamos incorporando esta lógica mediante herramientas de diagnóstico y autoevaluación que permitan conocer mejor las condiciones de los hogares, identificar necesidades y orientar recomendaciones.

La colaboración entre organizaciones sociales, empresas, administraciones, investigadores y ciudadanía es, por tanto, fundamental. Cada actor aporta una parte diferente del conocimiento y de la capacidad de respuesta. Las empresas pueden contribuir a acercar información y soluciones; las administraciones deben garantizar sistemas de protección accesibles; las entidades sociales conocen de cerca las barreras que encuentran las familias; y las personas afectadas deben poder participar en las decisiones que les afectan. La nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 apunta precisamente hacia una respuesta más estructural, centrada en mejorar el conocimiento, garantizar la protección efectiva de las personas consumidoras vulnerables e impulsar medidas que mejoren las condiciones de los hogares.

La transición energética será verdaderamente inclusiva cuando nadie tenga que elegir entre pagar una factura y cubrir otros gastos básicos, o entre soportar el frío o el calor y asumir un coste que no puede permitirse.  Necesitamos asegurar que las personas puedan vivir en hogares seguros, saludables y confortables durante todo el año.